En Mañana imposible hablamos con Luz Palmas Zaldúa, abogada del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre el pedido de condenas en el juicio a genocidas del centro clandestino conocido como "Sheraton" en el alegato en el juicio oral y público.
El CELS pidió condenas de 25 años de prisión para Manuel Antonio Cunha Ferré, Roberto Obdulio Godoy, Rodolfo Enrique Godoy y Juan Alfredo Battarafano. "Pudimos exponer todas las pruebas para demostrar que las víctimas estuvieron secuestradas en ese centro clandestino", señaló Luz. "Esta causa comenzó en 1984", agregó. "La particularidad que tuvo ese centro clandestino fue algunas de las personas secuestradas eran obligadas a trabajar fuera de la subcomisaría y además eran llevadas a sus domicilios para tener contacto con sus familias y las volvían a llevar al centro clandestino", resaltó. "Pedimos el máximo de la pena porque se trata de los delitos más graves, se trata de años de impunidad y porque no han dado ninguna información acerca del destino de los desaparecidos, no han colaborado para nada en ofrecer datos sobre los desaparecidos y otros responsables del centro clandestino".
"En cuanto a la Policía, todavía es mucho lo que queda por saber sobre el rol que ocupó la Policía en el terrorismo de Estado", indicó. "La documentación de la Policía todavía no ha podido ser profundamente estudiada y una debilidad que hoy tenemos, planteada por el Gobierno de Mauricio Macri, es que ese equipo del Ministerio de Seguridad que trabajaba los archivos de las Fuerzas de Seguridad, fue una de las primeras medidas que tomaron el desmantelamiento de ese equipo. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich directamente desactivó la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio y con eso se arrasó con el equipo de relevamiento de los documentos", denunció la abogada.

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